Miami EEUU:El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, será enjuiciado por supuestos delitos de corrupción ante la Asamblea Nacional, en un proceso que recibió luz verde por la Corte Constitucional ecuatoriana y podría resultar en la destitución del mandatario.
El Parlamento tiene ahora un plazo de 45 días para completar el juicio político a Lasso, en un procedimiento que comenzó el viernes, solo dos días después de la sesión extraordinaria de la Corte, que aprobó la solicitud de la Asamblea con seis votos a favor sobre tres en contra.
«Lo que corresponde ahora es pasarlo (el proceso) a la Comisión de Fiscalización (de la Asamblea), que tiene 30 días para tramitar el juicio dividido en tres períodos de diez días cada uno. Diez días para notificar al presidente y pedirle que presente las pruebas de la que se cree asistido, igualmente a los acusadores», explicó a la Voz de América el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Darwin Pereira.
A partir de este primer periodo, seguirán «diez días adicionales para que esas pruebas sean actuadas, se haga la confrontación y luego últimos diez días para que la comisión elabore su informe, que dicho sea de paso no es un informe vinculante», detalló Pereira.
«Ese informe lo conoceremos en el pleno, más o menos en el día 34 o 35 contando a partir de ahora (jueves 30 de marzo) y ahí se tomará la decisión final ya en el pleno», explicó el asambleísta, secretario general del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik que defiende los intereses de las poblaciones indígenas en el país.
Para destituir al mandatario se requiere una mayoría de 92 votos, equivalente a dos terceras partes del Parlamento unicameral, compuesto por 137 asambleístas.
«Es altamente probable que el gobierno no reciba los 92 votos necesarios para una censura, por tres factores: mayorías móviles dentro del Legislativo que hace fácil que los legisladores no sigan la disciplina partidista; la gran habilidad para la operación política del ministro de gobierno; y el diseño institucional, que hace que el ejecutivo tenga la sartén por el mango con la capacidad de disolver el Parlamento, herramienta que temen los legisladores», afirmó a la VOA el politólogo ecuatoriano, Pedro Donoso.
¿De qué se acusa a Lasso?
Guillermo Lasso llegó a la presidencia de Ecuador tras resultar ganador en las elecciones de 2021 con una campaña centrada en la creación de empleo, reducción de impuestos, lucha contra la corrupción y la mejora de la sanidad.
La tercera fue la vencida para el exbanquero, que perdió en las presidenciales contra los exmandatarios Rafael Correa en 2013 y en 2017 ante Lenín Moreno. Su victoria tuvo lugar tras lograr ampliar su base más allá de la derecha tradicional.
Sin embargo, desde que asumiera la jefatura del Estado, Lasso se ha visto envuelto en varias polémicas y revueltas. Se le ha acusado de tener cuentas en el extranjero dentro del caso Pandora Papers y tuvo que enfrentar semanas de paro indígena y violentas protestas contra nuevas medidas económicas, en el verano de 2022.
En ese entonces se intentó cursar un procedimiento de destitución presidencial, que no reunió los votos necesarios en la Asamblea.
El caso que ha llevado al presidente ecuatoriano a juicio ante el Parlamento fue presentado en el órgano por una comisión de mayoría opositora, que presentó un informe sobre un presunto caso de corrupción y supuestos vínculos de allegados al poder con grupos delictivos.
La trama salió a la luz gracias a un reportaje en el diario local La Posta, que sacó a la luz pública un caso que luego se conocería como «El Gran Padrino», donde se acusa a Danilo Carrera, cuñado del presidente, y al exfuncionario de Lasso, Hernán Luque, de crear una red para «saquear» las empresas públicas.
A Lasso se le acusa de participar en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, concusión y presunto peculado o malversación de fondos.
De acuerdo con audios presentados por La Posta, la red de corrupción presuntamente lucraba y decidía a quién iban los contratos con la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador (CNEL), la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Petroecuador y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
Los asambleístas responsabilizan al mandatario por el funcionamiento de una estructura de corrupción que se habría apropiado de fondos públicos a través de contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana con la compañía Amazonas Tanker.
La solicitud presentada ante la Corte Constitucional contenía estos delitos, sin embargo, en su dictamen, desestimó las acusaciones de concusión, pero aceptó el de peculado.
«La mayoría del Pleno de este Organismo resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado», señaló la Corte Constitucional al publicar su decisión a través de un comunicado en Twitter.
Gobierno de Lasso defiende su inocencia
Inmediatamente después de conocerse el dictamen de la Corte Constitucional, el gobierno de Lasso reaccionó rechazando el juicio político, en un comunicado publicado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
