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viernes, abril 19, 2024
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A 50 años del golpe de Estado en Uruguay, hay heridas de impunidad aún abiertas

De los 196 desaparecidos que admitió el Estado uruguayo que dejó la etapa de dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985, solo se recuperaron cinco cuerpos en dependencias militares en 18 años de búsqueda. Han pasado 50 años del golpe de Estado en Uruguay y aún hay heridas de impunidad abiertas.

“Vivimos en un país donde varios cuarteles militares son cementerios clandestinos.”, dijo a la AP, Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, un equipo jurídico que patrocina 60 causas de 300 familiares de desaparecidos.

Al borde de la media noche del martes, cuando se cumplió medio siglo del levantamiento militar, el Parlamento uruguayo celebró un acto de recordatorio y vigilia por las atrocidades cometidas.

Desde que el 27 de junio de 1973 se disolvió el Parlamento hasta el regreso a la democracia en Uruguay en 1985, 123 personas fueron ejecutadas por las fuerzas militares, la mayoría de las víctimas pertenecían a grupos de izquierda.

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y avasallamiento de libertades se generalizaron tras la disolución parlamentaria por parte del presidente Juan María Bordaberry. El terror y la crisis económica empujaron al exilio a 250.000 de los 2.788.000 de uruguayos.

La búsqueda de desaparecidos que lleva a cabo el Grupo de Investigación en Antropología Forense, que desde 2005 escarba cuarteles, reveló hace menos de un mes el hallazgo de un sexto cuerpo en el Batallón 14 de Paracaidistas del Ejército en Toledo, a 20 kilómetros de Montevideo.

Es el primero entre las 40 mujeres desaparecidas que los familiares creen que están enterradas en dependencias militares, aunque varias desaparecieron en Argentina. Su identidad se conocerá en un mes cuando terminen los análisis de ADN.

El cuerpo fue enterrado de la misma manera que los otros cinco cuerpos de desaparecidos hallados, todos en dependencias militares: con abundante cal y una loza de cemento por encima. Entre ellos, encontraron a menos de cien metros, al maestro y periodista Julio Castro y a Ricardo Blanco, militante del Partido Comunista Revolucionario. Según los archivos oficiales ambos fueron secuestrados por militares: Castro en la calle y Blanco en su comercio por fuerzas militares.

“Es una imagen de la tragedia más aberrante”, dijo a The Associated Press Javier García, ministro de Defensa, al recordar la fosa clandestina en el cuartel. La escena de la mujer aún por identificar, recalcó el alto cargo, no se le borrará jamás.

Las iniciativas estatales para encontrar a los desaparecidos recaen en la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad y en el Instituto Nacional De Derechos Humanos que trabaja con el Grupo de Investigación en Antropología Forense.

No obstante, la escasez de resultados en la búsqueda de desaparecidos, para la que no hubo voluntad política hasta 2005, contrasta con el número de expedientes abiertos y la sensación de impunidad de los familiares. Después de 50 años, hay 145 causas vinculadas a estos crímenes, confirmó a la AP Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad.

Pero solo la mitad de esos expedientes tienen condena o dictamen fiscal. Han sido procesados o condenados 55 responsables de la represión, entre ellos el dictador Juan María Bordaberry. La justicia uruguaya le sentenció a prisión en 2006 por el asesinato de los opositores Zelmar Michelini, senador del Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional, entre otros.

Otros 20 represores, sobre todo militares y policías de alto mando, fallecieron mientras se sustanciaban los procesos penales. “El crimen de lesa humanidad es el mayor crimen organizado que pueda existir”, dice Perciballe, que antes se despeñaba como fiscal de crimen organizado.

Para los familiares de los desaparecidos, Uruguay es “un país de impunidad”, en palabras de Jaqueline Barrios. Su hermano Washington Barrios es uno de los 132 desaparecidos -del total de 196- cuyo rastro se perdió en Argentina.

El 21 de abril de 1974, casi un año después del golpe de Estado, militares irrumpieron violentamente en el hogar de Jaqueline y acribillaron al apartamento de enfrente, donde vivía su hermano Washington.

Cuando los militares dispararon contra su domicilio en Uruguay, él ya no estaba, había escapado un día antes a Buenos Aires. Pero sí encontraron a su esposa, Silvia Reyes, de 21 años y embarazada de tres meses, junto con otras dos jóvenes Diana Maidanick, de 21 años, y Laura Raggio, de 19.

Washington fue apresado por la policía argentina en Córdoba cinco meses después y desde entonces permanece desaparecido.

“Se sintieron gritos, dispararon cinco minutos, era un ruido terrible. Luego el silencio”, recuerda Jaqueline que entonces tenía 10 años. “Mi madre, desesperada, preguntaba qué hicieron con mi tía (esposa de Washington)”, relata. La respuesta del jefe del Servicio de Información y Defensa, José Gavazzo, fue: “Nada, está todo bien”.

Gavazzo fue de los principales responsables de la represión en Uruguay y también en el exterior como los prueban diversos fallos en su contra, pero murió mientras esperaba condena por este caso, como el también militar Eduardo Klastornick. En 2023, luego de varias artimañas jurídicas, se confirmó la sentencia contra el militar retirado Juan Rebollo, uno de los responsables de la masacre de Reyes, Maidanick y Raggio por un tribunal de apelaciones.

Las tres mujeres fueron asesinadas en un rincón, acurrucadas debajo de una mesa, según el dictamen de la Fiscalía que investigó el caso en 2021 con base en la autopsia a las tres jóvenes. No ofrecieron resistencia. Los militares se llevaron los cuerpos y, además, muebles y electrodomésticos antes de marcharse.

“El Estado no investigó en forma debida las muertes violentas de las jóvenes Maidanik, Reyes y Raggio” afirma una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en noviembre de 2021 obligó a Uruguay a reconocer los crímenes.

En un acto de disculpas públicas en nombre del Estado de Uruguay el pasado 15 de junio, la vicepresidenta del país, Beatriz Argimón, reconoció que “el Estado es responsable por las violaciones a los derechos, a las garantías judiciales”. Exhortó a colaborar a quien tenga información sobre enterramientos clandestinos de los desaparecidos.

“El Estado violó el derecho a conocer la verdad”, admitió en el evento organizado luego de la sentencia de la CIDH que obligaba al país a hacer un acto de reparación en favor de los familiares de Óscar Tassino y Luis González y por las ejecuciones de Laura Raggio, Diana Maidanik y Silvia Reyes.

La condena también obligaba al Estado a seguir las investigaciones, fortalecer la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad -que solo cuenta con cuatro actuarios, el fiscal y una funcionaria administrativa para el centenar y medio de casos- y a indemnizar a las familias de las víctimas.

La otra condena que recibió Uruguay fue en 2011, cuando la CIDH falló a favor del poeta Juan Gelman. Su nuera, María García Iruretagoyena fue desaparecida luego de dar a luz a Macarana Gelman, quien recuperó su identidad en el año 2000, luego de haber sido apropiada por un policía.

Con esa sentencia de la CIDH, se tiró abajo la ley de caducidad que estaba vigente en el país desde 1986 y que impedía a la justicia investigar los crímenes de policías y militares durante la dictadura. En 2011, el Parlamento uruguayo la derogó.

La CIDH valoró que esa ley era incompatible con el sistema interamericano de Derechos Humanos y un obstáculo para la consecución de la justicia. Pero la norma estuvo sometida a plebiscito dos veces en 1989 y 2009 y en ambos casos la ciudadanía votó por mantener la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Para el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, aún hay un “diseño institucional” que obstaculiza la búsqueda de la verdad. Se han juzgado los casos sin apoyo suficiente en personal y especialización, dice Chargoñia, “lo que hace que los asuntos se investiguen dificultosamente”.

La sociedad uruguaya “tardó en aceptar y darse cuenta” de la problemática de los desaparecidos, se lamenta Jacqueline Barrios. “Siempre hubo dudas, hasta que apareció el primer cuerpo”.

Pasaron 49 años de la masacre de su cuñada y la desaparición de su hermano. “En el tiempo es pasado, pero para mí es presente. Porque todo lo que ocurrió es permanente y hasta ahora no se ha podido resolver adecuadamente”, dice

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